EFE/Mariam A. Montesinos

El Gobierno aprueba la revisión de los planes hidrológicos

20 enero 2016.-

También ha sido aprobada la revisión de los planes de la parte española del Cantábrico oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro, ha anunciado la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría en rueda de prensa posterior al Consejo.

Además, el ejecutivo ha aprobado otro Real Decreto sobre las demarcaciones hidrográficas de competencia autonómica en Galicia costa, en las Cuencas Mediterráneas andaluzas, en la de Guadalate-Barbate y en las de los ríos Tinto, Odiel y Piedras.

España cuenta con un total de 25 demarcaciones hidrológicas, de las cuales 12 son de competencia nacional -al ser su ámbito de influencia de más de una comunidad autónoma- y 13 son de competencia autonómica -al circunscribirse a una única región-.

Las revisiones aprobadas por el Gobierno afectan a 16 planes, una docena elaborados por la administración general del Estado y otros cuatro desarrollados por la autonómica, que se aplicarán durante el período 2016-2021.

Planes fundamentales

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha calificado estos planes de “absolutamente fundamentales” al considerarlos “el instrumento más importante para la gestión del agua” además de para la protección de los propios cursos fluviales “algo especialmente importante en un país como España”.

García Tejerina ha recordado que la UE obliga a aprobar un plan para cada demarcación hidrográfica de un país miembro en períodos de 6 años, pero el correspondiente a 2009-2015 no fue desarrollado y “a finales de 2011, no había ninguno aprobado, por lo que este Gobierno tomó como prioridad sacar adelante el primer ciclo y, una vez aprobado, hicimos un enorme esfuerzo para ponernos al día” y aprobar después el segundo ciclo.

Cada uno de los planes contiene una memoria -con asignaciones de cuenca y reservas para futuras demandas-, un apartado de normativa jurídica y un programa de medidas para atender “necesidades de todo tipo”, desde la construcción de embalses hasta normativa de saneamiento o iniciativas para paliar “episodios climatológicos extremos” como sequías o inundaciones.

En el caso de los planes de competencia estatal, se detallan más de diez mil medidas que exigirán una inversión de 15.000 millones de euros, mientras que los intracomunitarios fijan inversiones por valor de otros 2.500 millones.

Protección de ecosistemas

La nueva normativa también incluye mejoras medioambientales para conservar y proteger los ecosistemas vinculados a los ríos, como el incremento de los caudales ecológicos -flujos necesarios de agua que deben contener los ríos para impedir su deterioro-, que en el primer ciclo se fijaron en 2.500 tramos fluviales y en esta revisión suman otros 750, con lo que ya suman 3.250.

Para incrementar la calidad de las aguas, se garantiza además una inversión por importe superior a los 1.100 millones de euros en saneamiento y depuración.
García Tejerina ha insistido además en la creación de las reservas fluviales, una nueva figura de protección medioambiental que preservará los tramos de los ríos en buen estado ecológico.

El Gobierno aprobó recientemente las primeras 82 reservas fluviales, que ahora se amplían hasta las 135, lo que supone una “especial protección” para más de 1.700 kilómetros de río.

Soluciones concretas a problemas concretos

Estos planes, según la ministra, eran “muy esperados” porque contemplan “soluciones específicas para problemas concretos en determinadas cuencas”.

Así, el Plan Hidrológico del Guadiana permitirá “culminar la regularización de pozos de cultivo”; el del Duero autorizará nuevos pozos de menos de 7.000 metros cúbicos anuales en 200 municipios de Valladolid, Zamora, Salamanca, Segovia y Ávila; el del Júcar impulsará la transferencia de 50 hectómetros cúbicos para el trasvase Júcar-Vinalopó y el del Segura reducirán el déficit de cuenca en 80 hectómetros cúbicos.

La ministra también ha destacado que en el proceso de elaboración de la normativa han participado “todas las administraciones públicas, todos los representantes sociales, todos los usuarios del agua…, todas las entidades y personas interesadas”, muchas de cuyas aportaciones “han sido contempladas y recogidas”.

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